La transparencia es uno de los principios fundamentales de la actuación de los poderes públicos, en virtud del cual la Administración debe hacer pública la información necesaria para que la ciudadanía pueda participar en los asuntos públicos y controlar que la Administración rinda cuentas de su actuación . La transparencia es, en definitiva, un instrumento de control, a la vez que una herramienta de comunicación y diálogo para los poderes públicos.

El funcionamiento transparente de toda institución pública implica poner al alcance de la ciudadanía, como ejercicio de publicidad activa y de diálogo constante, la información relevante sobre su organización, la gestión económica y presupuestaria y los datos de su actividad, con el fin de hacer posible la evaluación de las actuaciones públicas y garantizar un ejercicio y una gestión éticos y socialmente responsables de los poderes públicos.

La ciudadanía de hoy requiere, cada vez más, acceso a la información. Y tiene el derecho de ser informada tanto de los asuntos públicos como de la forma en que se gestionan, por lo que la transparencia es un hito social que la Administración pública tiene el deber y la oportunidad de cumplir. Tener una ciudadanía responsable y participativa es fundamental. La transparencia es el mejor indicador de la calidad democrática de los gobiernos, porque cuando se generaliza el acceso a la información pública y los ciudadanos conocen la actuación de su Administración, cuando saben cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, es cuando se asegura el diálogo participativo, se promueve el compromiso y se innova a la hora de participar con solvencia en los asuntos públicos.

La transparencia, regulada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tiene dos vertientes:

– La obligación de hacer públicas determinadas informaciones de manera proactiva (publicidad activa).

– La obligación de atender las solicitudes de información que hagan los ciudadanos (derecho de acceso a la información pública) en los términos y condiciones regulados por la Ley de transparencia.

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